El Acuerdo del Consejo Europeo sobre el Fondo “Próxima Generación Unión Europea»

El acuerdo final alcanzado por el Consejo Europeo, tras tres días de deliberaciones y negociaciones, vincula dos importantes instrumentos de la política económica europea para los próximos años: el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (Multiannual Financial Framework), que es el presupuesto de la UE para los próximos siete años y como tal la columna vertebral de los ingresos y gastos comunitarios durante ese período, y el instrumento financiero para la garantizar la recuperación económica de la UE ante el brutal impacto recesivo ocasionado por la pandemia COVID-19, denominado Próxima Generación UE (Next Generation EU) que incluye una combinación de subvenciones y préstamos de acuerdo con la siguiente distribución:

Fondo para la Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Facility –RRF)…………………………………….……………….672.500 millones de €

serán préstamos……………………………………360.000 millones de €

serán subvenciones………………………………..312.500 millones de €

ReaccionarUE..………………………………………….47.500 millones de €

Horizonte Europa…………………………………………5.000 millones de €

Invertir UE………………………………………………….5.600 millones de €

Desarrollo Rural……………………………………………7.500 millones de €

Fondo de Transición Justa………………………………10.000 millones de €

RescUE……………………………………………………..1.900 millones de €

Total……………………………………………..750.000 millones de €

Pero tan importante como la cuantía de recursos financieros y su distribución, son los criterios para su disposición y el procedimiento de control, tanto en la concesión de las subvenciones o préstamos como en su gestión.

En estas cuestiones es donde se ha podido apreciar el pragmatismo real que domina el funcionamiento institucional de la Unión Europea, muy alejado de los discursos nacionalistas o populistas de algunos gobiernos, incluido el español.

En efecto, respecto de los criterios de disposición se indica que el 70% de las subvenciones deberá comprometerse en 2021 y 2022, mientras que el 30% restante deberá comprometerse en 2023. Dado el escaso margen que se concede para el compromiso de estos fondos, los programas o proyectos a los que vayan destinados deberán estar ya preparados o en una fase muy avanzada de elaboración para dar tiempo a su presentación y aprobación financiera por las instituciones europeas. En cuanto a los préstamos no establece plazos de aprobación pero sí el límite máximo equivalente al 6,8 % de la Renta Nacional Bruta (Gross National Income) que en el caso de España correspondería a unos 97.300 millones de €.

Las sutilezas prácticas surgen al abordar el procedimiento de concesión de los recursos financieros, ya que le corresponde a la Comisión proponer las claves de asignación de los recursos que se concederán a los proyectos o planes presentados por los países miembros. Sin embargo, la Comisión se encuentra limitada en sus propuestas ya que para 2021 y 2022 el criterio del desempleo en el período 2015-2019 se constituye como un criterio de asignación clave, mientras que para 2023 los criterios de asignación serán, a partes iguales, la pérdida real del Producto Interior Bruto observado durante 2020 y la pérdida real acumulada del Producto Interior Bruto del período 2020-2021 calculada como límite al 30 de Junio de 2022. Los planes presentados también deberán adecuarse a los requerimientos de las transiciones ecológica y digital.

Estos criterios de asignación de los recursos benefician claramente a España por ser uno de los países con mayores tasas de desempleo y con un mayor impacto socio-económico de la pandemia. Pero su traducción efectiva en subvenciones o préstamos dependerá de la adecuación de los proyectos que España sea capaz de presentar en los próximos años a los criterios establecidos.

Los planes de recuperación y resiliencia propuestos por los países miembros deberán incluir las reformas previstas y la agenda de inversiones para el período 2021-2023. Sin embargo y con la finalidad de lograr una mayor eficacia en la asignación de los recursos financieros, tales planes serán revisados y, si fuera necesario, adaptados en 2022 teniendo en cuenta los fondos que puedan asignarse en 2023.

Establecidos los criterios para la asignación de los recursos financieros y para la elaboración de los planes por los países miembros, es imprescindible tomar en consideración el procedimiento de su aprobación y concesión.

Le corresponde a la Comisión evaluar las solicitudes en un plazo máximo de 2 meses desde su presentación. En esta evaluación el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social deberán alcanzar las máximas puntuaciones. También se tomará en consideración la coherencia de las propuestas con las recomendaciones específicas realizadas a los países.

Si la propuesta evaluada le corresponde a la Comisión, la decisión final corresponde al Consejo de la UE que deberá aprobar la propuesta por mayoría cualificada en un plazo máximo de 4 semanas desde su presentación.

De acuerdo con este procedimiento de concesión de los recursos financieros, resulta evidente que ningún país tiene a priori una cuantía de recursos asignada o reservada como se está indicando por el Gobierno y los medios de comunicación españoles.

Por otra parte, aunque la economía española en los años precedentes demostró una capacidad de crecimiento económico por encima de la media europea junto con altas tasas de creación de empleo, lo que coincide con dos de los criterios clave señalados, es evidente que una reforma radical del mercado de trabajo, tal y como ya se ha propuesto por el Gobierno, unido a la falta de presupuestos acumulada y a un posible aumento de la fiscalidad pueden perjudicarlos en los próximos años. Además la resiliencia social y económica española ante la pandemia se ha demostrado muy escasa a la vista de los datos estadísticos sobre la caída del PIB y el aumento del paro y la población en umbral de la pobreza durante el segundo trimestre de 2020. Habrá que esperar a las propuestas concretas que presente España para ver la valoración que realiza la Comisión.

Una vez aprobada la financiación de los proyectos, la concesión de las cuantías financieras por parte de la Comisión queda sometida a un doble procedimiento de control. En primer término el Comité Económico y Financiero deberá por consenso emitir una opinión favorable al cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas en los planes aprobados. La Comisión con posterioridad adoptará la decisión sobre los pagos que deban realizarse.

No obstante, existe un segundo control por parte del Consejo Europeo, ya que si uno o varios países miembros consideran que existen serias desviaciones en el cumplimiento de objetivos y metas, podrán solicitar al Presidente del Consejo Europeo que el tema se incluya en la siguiente sesión de dicho órgano que deberá resolverlo. Durante este período hasta la decisión del Consejo Europeo, la Comisión no podrá disponer de los recursos financieros pendientes de pago. Todo este proceso de aprobación de los pagos no podrá demorarse más de tres meses.

Teniendo presente el procedimiento de control establecido, resulta evidente que el margen de discrecionalidad gestora del Gobierno español respecto de los fondos recibidos, ya sean subsidios o préstamos, será muy escaso. Máxime si tenemos en cuenta que los funcionarios de la Comisión ya han conocido en los últimos años varios incumplimientos de los compromisos de déficit asumidos por el actual Gobierno.

En la práctica, este doble control tanto en el procedimiento de concesión de los fondos como en su ejecución, constituye una garantía para los ciudadanos de los países miembros frente a las posibles arbitrariedades y actos de corrupción que pudieran darse por parte de sus gobiernos y administraciones públicas. No menos importante es su contribución para garantizar la solvencia económica y financiera de la propia Unión Europea y de aquellos países miembros que cumplen escrupulosamente los criterios de convergencia, al destinar los recursos a la rápida y sólida recuperación económica, social y sanitaria del conjunto de la Unión, asegurando al mismo tiempo la mayor eficacia posible del esfuerzo realizado y una firme solvencia de la deuda que por primera vez se mutualizará por todos los países de la Unión Europea.

Dr. Rafael Calduch Cervera

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

Universidad Complutense de Madrid

 

Acceso al documento Conclusiones del Consejo Europeo (17-21 Julio 2020)

 

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